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La Legislatura no buscó perjudicar a los municipios

La secretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Ushuaia, Victoria Vuoto, valoró las declaraciones del legislador Ricardo Furlan, quien sostuvo que con la sanción de la ley 1075 “se buscó beneficiar a los municipios y de ningún modo perjudicarlos y recortarles facultades”.


“Los conceptos del legislador me dieron tranquilidad, dijo algo muy importante que es que los municipios deben adherirse para que la ley se aplique”, remarcó, y en función de ello entendió que “estábamos en lo cierto cuando dijimos que ése era el espíritu de la ley, que teníamos la potestad de no adherir, y que para nosotros la cuestión estaba terminada cuando los municipios de Ushuaia y Río Grande decidieron no hacerlo”.
Coincidió con Furlan en cuanto a que “las cosas cambiaron en el medio y alguno pensó que podía judicializar la cuestión, y la realidad es que un ente autárquico que no tiene capacidad de presentarse judicialmente a discutir un tema de estas características con los municipios”, por lo que “estamos frente a una acción judicial presentada por un tercero sin capacidad para hacerlo y que busca desvirtuar el significado de la ley” aprobada por la Legislatura.
En esa línea, la funcionaria observó que “si la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) tenía alguna duda sobre el significado de la ley 1075 tendría que haber consultado a los legisladores en vez de judicializar”.
A ello sumó que Furlan “fue uno de los convencionales que redactó la Constitución Provincial y recordó que en aquél entonces se respetó la distribución tributaria o de potestades que había entre Provincia y municipios, y que el Impuesto Inmobiliario seguía siendo de las ciudades; es decir que en ese momento ya se dio la discusión y se tomó una decisión”.
“Los legisladores nunca pusieron en discusión este tema al sancionar la ley 1075, y por eso invitaron a adherir a la normativa. Para los actores que tienen años en la ciudad esto es una historia repetida que fue zanjada en la discusión de la Constitución”, enfatizó.
La secretaria Legal y Técnica evaluó que la judicialización por parte de la AREF “es totalmente errónea” y que “si hay un conflicto debe resolverse por vía de la política y no mediante judicializaciones prematuras que exceden el espíritu de la ley y las facultades del ente”.
Argumentó que la Agencia “no tiene facultades para litigar con los municipios en relación a las potestades y competencias de los mismos, en todo caso el que tendría que haber hecho una presentación es el Fiscal de Estado, que es el que representa a la Provincia en cuestiones judiciales”.
Al respecto, explicó que los entes autárquicos “tienen competencia para presentarse en la Justicia pero en el ámbito de sus tareas”, y manifestó que en el caso de la AREF el organismo “tiene una ley de creación que le dio la facultad de recaudar impuestos y va a poder iniciar juicios vinculados a ello, por ejemplo juicios ejecutivos contra un contribuyente que no cumple con el pago en tiempo y forma”.
Sin embargo, “no tiene la facultad de judicializar en relación a quien tiene la facultad de cobrar el impuesto ya que los impuestos los establece la Legislatura”.
A ello sumó que “no se puede usar una herramienta que tiene como fin beneficiar a los municipios para hacerlos quebrar” ya que “esta mirada errada de la AREF para nosotros significa entre 100 y 130 millones de pesos al año”.
“Escuché a la gobernadora cuando dijo que el proyecto original de la reforma tributaria que impulsa la Nación implicaba la disolución territorial de la Provincia, y para nosotros lo que pretende la AREF significa la disolución del Municipio ya que vamos a un contexto en el que va a haber menos recursos de coparticipación y además nos van a quitar los propios. Entonces no va a quedar otra alternativa que cerrar la puerta del Municipio y que gestione el Gobierno central”, advirtió Victoria Vuoto.
Por último, consideró que la Legislatura “tiene que poner una palabra sobre esto porque hay un ente autárquico que le está dando a la ley un sentido totalmente distinto y que además se atrevió a judicializar sin la participación del Fiscal de Estado”.

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