Los integrantes del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Diego Martín Pascuas, Miguel Longhitano y Hugo Pani, dictaron la resolución plenaria N° 45/2018 para que se investiguen presuntas irregularidades con relación al manejo de los fondos recibidos por la Asociación de Bomberos Zona Norte. Recordemos que desde diciembre de 2017 el cuartel se encuentra inoperativo.
Los Tribunos tomaron intervención en el Expediente N° 291/2017 caratulado: «S/Denuncia presuntas irregularidades en Asociación Bomberos Voluntarios Zona Norte».
La decisión de investigar está vinculada a la presentación que hicieron algunos bomberos e integrantes de la asociación al detectar algunas anomalías vinculadas a la falta de balances y a la utilización de los fondos para provecho personal. Los mismos cuestionaron al interventor Ramón López, quien estuvo al frente de la intervención durante varios meses y también a la Interventora Interina Mariana Burgos, según se desprende de la resolución plenaria.
Según se observó, los denunciantes señalaron que “a lo largo de los seis años de intervención, cumplida el día 03 de octubre del 2017, el interventor no presentó NINGÚN balance anual, ni memorias, ni inventarios, ni los libros sociales, lo que representa una clara obstaculización para la fiscalización de su gestión”.
En ese sentido los demandantes consideran que dicha “situación que llevó al pedido por parte de los Bomberos y Socios del Cuartel al llamado de Asamblea y posterior reclamo del pedido de presentación de los balances a la Inspección General de Justicia (se adjunta copia), y en atención a este reclamo, el mencionado ente realizó una nueva intimación para que realice las presentaciones. Al día de la fecha el Interventor continúa incumpliendo con las presentaciones de los Balances lo que demuestra un claro accionar de irresponsabilidad y falta de interés por transparentar donde fueron destinados los ingresos de la Institución”.
Los denunciantes señalaron que “no se realizó inversión alguna en la Institución, ni para compras equipamientos, como así tampoco renovación de vehículos, ni mucho menos la compra de equipos de protección Personal para los Bomberos, siendo que la institución percibió más de 25 millones de pesos aproximadamente, durante toda la gestión de intervención».
Los integrantes del Tribunal designaron “a la Auditora Fiscal Subrogante, Laura Mercedes Cangiani y los Revisores Juan de Dios González Nieto y Romina Montigel, a los fines de llevar adelante la investigación ordenada…”.
La Misma denuncia fue realizada ante el Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre, quien envió copia al Tribunal de Cuentas debido a que «el examen de la existencia de las irregularidades denunciadas excede las facultades propias de esta Fiscalía, relacionándose en cambio con incumbencias que en virtud de lo previsto en los artículos 2 incisos b), e) y D, 43, siguientes y concordantes de la Ley provincial N° 50, son propias de ese Organismo de Control, se estima remitirle copia de la presentación recibida, a los efectos de que, de entenderlo procedente, tome la intervención que le compete».