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La Justicia federal avanza con una serie de medidas para investigar posibles irregularidades en licitaciones de servicios digitales y presuntos conflictos de interés vinculados al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la empresa de su esposa, Betina Angeletti.
Una de las preguntas centrales es si el Gobierno libertario favoreció a la empresa de Angeletti con contratos públicos. En este contexto, se analizan contratos, concesiones del predio de Tecnópolis y servicios de soporte tecnológico.
La denuncia, presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, fue radicada en el juzgado de Ariel Lijo con la intervención del fiscal Carlos Stornelli. El objetivo es determinar la posible existencia de direccionamiento en licitaciones de mensajería.
Se denuncian irregularidades en un proceso de contratación previsto para 2025, destinado a servicios de mensajería masiva (SMS, correos electrónicos y llamadas), adjudicado a la empresa ATX S.A. por un monto de 3.650.226.300 pesos.
Además, la presentación señala vínculos societarios cruzados: las tres empresas participantes de la convocatoria (ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.) “tendrían vínculos entre sí”. Por ejemplo, el presidente de Area Tech fue empleado del presidente de ATX hasta 2022, y varias de estas firmas comparten el mismo domicilio legal en Parque Patricios.
La justicia federal investiga una posible simulación de competencia, ya que la denuncia sostiene que estas empresas podrían haber actuado coordinadamente para generar “una apariencia de pluralidad en la licitación cuando, en realidad, formarían parte de un mismo entramado empresarial”.
Asimismo, se plantea la posible existencia de sobreprecios, tomando como ejemplo que en otra licitación similar de la Secretaría de Innovación, el precio por SMS aumentó de 0,045 a 0,076 dólares por unidad.
La denuncia de Pagano sugiere un esquema de relaciones comerciales que podría configurar un mecanismo de retorno de fondos públicos, dado que la consultora +Be, propiedad de Betina Angeletti, “tiene como clientes a importantes contratistas del Estado”.
Entre los clientes más destacados figuran el Grupo Foggia (vinculado a la concesión de Tecnópolis) y el Grupo Datco (proveedor de AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas, entre otros).
También se destaca el vínculo con YPF. La denuncia menciona que National Shipping S.A., una naviera contratista de YPF por sumas millonarias, “es cliente de la consultora de la esposa de Adorni”. Esto resulta relevante, ya que Adorni fue designado director titular de YPF en representación del Estado en enero de 2026, según consta en el expediente judicial.
En relación con la concesión de Tecnópolis, está bajo análisis el proceso para concesionar el predio por 25 años, un negocio valorado en aproximadamente 183,3 millones de pesos. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), responsable de este proceso, depende jerárquicamente de la Jefatura de Gabinete a cargo de Adorni.
Pagano manifestó ante el juez Lijo la sospecha de vinculación entre el funcionario y empresas interesadas que son clientes del entorno familiar.
Por ello, la denuncia apunta inicialmente contra Manuel Adorni (Jefe de Gabinete), Betina Angeletti (titular de la consultora +Be), así como contra directivos de las empresas involucradas—Rubén Santiago Ward, Pablo Javier Casal, Rodrigo Páez Canosa, Marcelo Dionisio—y la asesora Mara Natalia Gorini.
Las sospechas penales incluyen fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
El juzgado giró al fiscal Stornelli el análisis sobre la existencia de elementos suficientes para formular una imputación y abrir la investigación penal. Según el dictamen al que accedió Clarín, el fiscal decidió impulsar una serie de medidas de prueba.
Entre ellas, se solicitaron las contrataciones tecnológicas y de servicios de comunicación del Estado Nacional para evaluar los pagos por envíos masivos de SMS, soporte de software y la explotación comercial de predios públicos.
Ante la sospecha de irregularidades y un posible sistema amañado, se requirió al juez copia de los expedientes administrativos vinculados a áreas críticas de comunicación.
Se incluyen procesos relativos a la provisión de herramientas de seguimiento directo, contratación de paquetes de mensajería SMS masiva y servicios de correos transaccionales. La fiscalía solicitó toda la documentación relacionada.
Además, se requirió el envío a Comodoro Py de la información completa sobre la concesión del predio de Tecnópolis, con el fin de esclarecer las condiciones contractuales.
Stornelli pidió informes a la Inspección General de Justicia para identificar a los verdaderos beneficiarios de las contrataciones cuestionadas. Se solicitaron legajos societarios de siete firmas tecnológicas: Area Tech S.A., ATX S.A., Movilgate S.R.L., Lugalu S.A., Equila S.R.L., Tsoft Informática SAS y Tecnosoftware S.A.
El Ministerio Público busca determinar la existencia de vínculos entre los accionistas de estas empresas y funcionarios públicos, así como confirmar si se trata de estructuras corporativas destinadas a la cartelización de servicios de software.
Finalmente, para reconstruir la cadena de proveedores, se pidió a la Jefatura de Gabinete, a través de la Oficina Nacional de Contrataciones, un informe sobre la condición de contratistas habituales del Estado Nacional de firmas como Datco, National Shipping y Foggia Group.
La Justicia también solicitó todas las constancias de los procesos en los que estas empresas result
