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El legislador y presidente del Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención Contra la Tortura, Pablo Villegas, señaló que existiría sobrepoblación de detenidos en las cárceles de la Provincia por lo que resulta necesario poner en la agenda pública “la necesidad de contar con una nueva unidad carcelaria”.
El Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes realizó ayer en Río Grande su primera reunión. Tras el encuentro, el presidente del Comité, legislador Pablo Villegas (MPF), informó que aprobaron el Reglamento Interno de funcionamiento y que se resolvió que la vicepresidencia sea ejercida por la referente de las ONG, Analía Castonjauregui, y que la Secretaría quede a cargo del legislador Federico Greve (Forja).
Los integrantes del cuerpo aprovecharon para visitar la unidad de detención N° 1 de Río Grande y solicitarle a las autoridades del Servicio Penitenciario “datos que nos va a permitir, junto a un trabajo en el terreno que vamos a desarrollar en distintas unidades carcelarias de la Provincia, hacer un informe que presentaremos al Poder Ejecutivo de la Provincia”, indicó Villegas.
El Parlamentario señaló que por la información que están manejando “hay sobrepoblación carcelaria. Es decir, hay mayor cantidad de internos que la capacidad, tanto en Ushuaia como en Río Grande”.
Entendió que en la ciudad del norte provincial la situación podría resolverse con la construcción de “un pabellón nuevo en el terreno donde se ubica la Unidad de detención”, pero que el panorama en es más complejo en Ushuaia por las “limitaciones” que vive la capital en materia edilicia. Por ello planteó que es necesario “trabajar con todos los actores institucionales para que esa realidad se revierta y poner en agenda pública la necesidad de una nueva unidad carcelaria, ya que con ello no se beneficia solo a los internos sino que se beneficia a toda la sociedad”.
De la sesión, participaron los legisladores Pablo Villegas (MPF) y Federico Greve (FORJA); el juez del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Gonzalo Sagastume; el secretario de Justicia del Gobierno fueguino, Dr. Gonzalo Carrillo Herrera y desde las ONG, los referentes José Piñeiro y Analía Castonjauregui; de manera remota lo hizo también, Florencia Villareal.
