Una sesión del Concejo Deliberante de Villa Gesell terminó en un escándalo este lunes, cuando al menos tres concejales de la oposición fueron agredidos durante el debate del presupuesto municipal 2026.

El incidente ocurrió en un clima de máxima tensión política mientras se discutía el proyecto presupuestario impulsado por el oficialismo. Según videos difundidos, se registraron gritos, empujones y lanzamiento de objetos dentro del recinto, lo que obligó a interrumpir la sesión.
Desde el PRO local denunciaron que el oficialismo kirchnerista “mandó una patota a golpear a la concejala Clarisa Armando y a toda la oposición que se negó a avalar un presupuesto de 64 mil millones de pesos, el doble de lo que costaba gobernar este municipio”. Además, señalaron que “le patearon la ambulancia a otra concejala que se descompensó”.
Clarisa Armando, integrante de la alianza PRO-La Libertad Avanza, afirmó que las agresiones se produjeron tras la negativa de la oposición a aprobar el presupuesto. En sus redes sociales manifestó: “No vamos a claudicar: no le tenemos miedo”, y responsabilizó al oficialismo local por el manejo político del conflicto.
Desde el PRO bonaerense también repudiaron lo sucedido y confirmaron la presencia de una “patota” dentro del recinto. Según esa versión, además de insultos, hubo golpes contra concejales y complicaciones cuando una edil debió ser asistida por una descompensación.
El conflicto se desató luego de la votación del presupuesto, que contó con fuertes cuestionamientos de la oposición, la cual exigía mayor transparencia en el manejo de los fondos municipales y detalles sobre la estructura de funcionarios.
Tras los disturbios, concejales opositores presentaron una denuncia policial y aseguraron haber permanecido en el edificio hasta la noche, en medio de un operativo de seguridad.
Este episodio suma un nuevo capítulo de tensión política en el distrito, gobernado por el intendente Gustavo Barrera. El hecho generó repercusiones inmediatas en el ámbito político, con dirigentes que pidieron una investigación para identificar a los responsables y sancionar los actos de violencia en un espacio institucional.
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