Están acusados de ser instigadores y promover la ocupación de tierras de forma ilegal.
Fueron denunciados por el propietario del predio.
Los referentes sociales con la participación de más de 40 familias tomaron la decisión, para presionar al Intendente Martín Pérez, con el fin de lograr soluciones habitacionales.
La Justicia sería inflexible con los ocupas y encamina las acciones al procesamiento de cada uno de ellos.