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Retiro voluntario desde agosto: 150 mil pesos inicial y el 60 % del sueldo por 36 meses

El Ejecutivo provincial reglamentó el régimen de retiro voluntario para sus empleados, establecido por ley en diciembre de 2017. Tiene por finalidad reducir la planta de la Administración Pública fueguina. Se estableció en 150 mil pesos el monto de la bonificación inicial que percibirán por única vez quienes accedan al beneficio.


El decreto 1709, define dos cuestiones sustanciales. Por un lado establece que el régimen entrará en vigencia el miércoles 1 de agosto, fecha a partir de la cual comienza a correr el plazo de “60 días corridos” para que los interesados presenten la solicitud de acogimiento. Por el otro, fija en 150 mil pesos el monto de la bonificación que por única vez percibieran quienes accedan al retiro voluntario, que se adiciona a la “suma no remunerativa equivalente al 60% de la remuneración del agente -excluidas horas extras, guardias, sueldo anual complementario, viáticos, asignaciones familiares y cualquier otro concepto cuyo pago no reúna los requisitos de periodicidad mensual, normal y habitual- por el plazo de hasta 36 meses”.

El régimen de retiro voluntario implementado en Tierra del Fuego se encuadra dentro de “las metas fiscales trazadas por la Provincia, de acuerdo a los acuerdos de consenso fiscal con Nación y con las Municipalidades, lo cual permitirá la existencia y aplicación de reglas claras y de mayor transparencia sobre el gasto y los ingresos públicos”.

La ley provincial 1200 determina que podrán acceder “al beneficio” los empleados de los tres poderes del Estado, reparticiones u organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, empresas del Estado Provincial, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado “que hayan ingresado a planta permanente con anterioridad al 1° de enero del 2016”.

Excluye de la posibilidad de acogerse al régimen de retiro “al personal policial, profesionales de la salud y el personal del servicio penitenciario”; “los agentes con sumario administrativo en trámite”; “quienes se encontraren procesados por delitos en perjuicio de la administración pública Provincial”; “quienes hubieran presentado su renuncia, aun cuando esta estuviera pendiente el acto formal de aceptación” y “quienes tengan otorgado un beneficio previsional con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente, con excepción de los beneficios otorgados por fallecimiento del cónyuge”.

A principio de año, el ministro de Gobierno, José Luis Álvarez, precisaba que “la persona que se acoja a este beneficio no podrá reingresar al Estado provincial hasta pasados cinco años de haber cobrado la última cuota, por lo que, si se suman los 36 meses del beneficio más los cinco años de inhabilitación, son casi 8 años. Esa vacante quedará congelada durante los 3 años que dure el beneficio y no se podrá incorporar a nadie en ese lugar. No es intención del Gobierno de que salga gente para que entre más gente. Lo que necesitamos es optimizar los recursos humanos”, precisaba por ese entonces el funcionario.

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