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La Directora fue destituida: Causa de discriminación en el Trejo Noel responsabilizan al Gobierno

El Dr. Gustavo García Casanovas declaro en medios provinciales (Fm Universidad), luego de la publicación de un artículo en el diario Provincia 23 en el cual María Angélica Del Estal expone persecución del gobierno y destaca su labor en la inclusión de un alumno con discapacidad, con “un trabajo ejemplar que lo tiene a punto de finalizar la secundaria”.


Recordó que “Angélica Del Estal fue sacada de su cargo de directora del colegio Trejo Noel de Tolhuin, por discriminación”, precisamente a este alumno al que hace referencia la nota.

El abogado patrocinó a los padres de Lautaro Crespo, que iniciaron en 2014 un amparo “para que se le permitiera seguir estudiando y se le diera el boletín escolar en el mismo momento que a sus compañeros, porque se lo discriminaba y no se lo daban. También se pedía que lo anoten en el libro matriz de la escuela, donde no estaba inscripto. Lo más importante para que un chico pueda estudiar y se lo integre, es que se le hagan las adaptaciones curriculares que se necesitan, para que pueda atravesar la etapa escolar en conjunto con sus demás compañeros. Después de un año de notas enviadas a la escuela en 2012 y 2013, hicimos un amparo, durante la gestión Ríos, y el juez dictó una sentencia a favor”, dijo.

Explicó que “es un chico menor de edad, con síndrome de Down, que estaba asistiendo al colegio porque vive en Tolhuin y no tuvo ningún inconveniente en todo su trayecto educativo, hasta que los padres decidieron solicitar que hicieran las adaptaciones curriculares, porque no le estaban dando clases correctamente. Venía con notas de 6 en las materias y bajó a 2 en todas, de un día para otro. Comenzó a ser discriminado de una manera muy fuerte y hubo que recurrir a la justicia para que le siguieran dando clases”.

Indicó que la jueza Silvia Herráez estaba a cargo del juzgado en ese momento y, “no solamente hace lugar al amparo y obliga a que hagan las adaptaciones curriculares, sino que exhorta a que en forma urgente se capacite al personal directivo y docente respecto de los derechos de las personas con discapacidad y su implementación en el ámbito educativo. Esto significa que no tenían la mínima capacitación sobre qué hacer con un chico con discapacidad”, subrayó.

El amparo apuntó al gobierno y al Ministerio de Educación, pero la responsabilidad es compartida por la directora, según el letrado, por la forma en que se manejó junto a los profesores por ella misma designados. “Después de todas las audiencias que se hicieron, la directora Del Estal no logró aceptar a Lautaro como alumno y, como lamentablemente se dio un manejo discrecional del nombramiento de todos los profesores, los docentes hacían únicamente lo que ella planteaba. Lautaro hoy está en quinto año, con 18 años, y en la nota se destaca el ‘trabajo ejemplar’ de la directora, pero en realidad, a pesar del horrible trabajo que han hecho para que no termine, gracias a los padres, a algunos buenos profesores que tiene y al apoyo judicial, Lautaro puede estar terminando su quinto año”, sostuvo.
“Hoy le están haciendo un sumario administrativo a Del Estal e investigando si incurrió en actos de discriminación en su actividad. Yo tengo una nota de la asesoría jurídica del Ministerio de Educación que planteaba el traslado preventivo de María Angélica Del Estal e ignoro si está en funciones ahora”, manifestó, ante la consulta sobre la actividad actual de la docente.

“Nosotros vamos a sacar a la luz el caso muchísimas veces, porque es un caso terrible de discriminación e incumplimiento de la ley de defensa de los derechos de las personas con discapacidad”, remarcó y dio cuenta de la gravedad de las experiencias a las que fue sometido el menor: “Quieren hacer ver que la persigue el gobierno porque ella trabajaba a favor de la inclusión educativa, cuando en realidad el gobierno le está haciendo un sumario precisamente para determinar su actitud. Nosotros solicitamos en su momento que nombraran una veedora en la institución, la jueza la nombró, y esa veedora dice que la metodología que utilizaban era poco usual, y consistía en darle una hoja con preguntas a Lautaro, que debían ser respondidas en el momento por el alumno, y debía responder con conceptos claros de lo que se acordara. Dice que no se le daba el material de las pruebas que le iban a tomar y que Lautaro estaba siempre en evaluación; y que las tres personas que lo acompañaban, tanto la tutora como la coordinadora y la operadora, ninguna coincidía entre sí, ninguna tenía la capacitación para llevar adelante la tarea encomendada, y que a Lautaro se lo dejaba sin ningún contacto con sus pares, en un salón donde el docente le daba clase a los demás chicos y una tutora le daba clases independientes a él, sin integrarlo. Todo esto fue orquestado por la directora de la institución, y el resultado fue que Lautaro repitió el año”, relató.

“Esto fue tan malo que la Cámara le rechazó la apelación al gobierno pasado y el Superior Tribunal de Justicia le rechazó la apelación a este gobierno, y la familia tuvo que hacer una ejecución de sentencia, porque el gobierno no la cumplió. Entonces, está bien que la investiguen y sería muy bueno que descubran lo que ocurrió y, si ella fue la responsable, que la sancionen con el máximo peso de la ley”, reclamó.

Quita de pensiones

Por otra parte, se lo consultó acerca de cómo ve el trabajo del gobierno con las personas con discapacidad y fue crítico por la quita de pensiones, en base a “una argucia” por la cual se modificaron las variables para evaluar el porcentaje de discapacidad.

“Según las estadísticas, las personas con discapacidad son el 8% de la población. Son muchos los chicos que transitan en espacios escolares, en temas de salud, de obra social, de todo tipo. Yo tengo un hijo con discapacidad que ya tiene 25 años y fue el motivo por el cual me dediqué a estudiar esta temática, en defensa propia. Hay gente que no entiende la decisión que tomó el estado argentino de apoyar lo que establece la convención de derechos para personas con discapacidad. En la obra social de la provincia hay muchísimos problemas para conseguir todas las coberturas necesarias, y con el resto de las obras sociales pasa exactamente lo mismo. El Ministerio de Educación está armando una estructura bastante contemplativa en cuanto al otorgamiento de acompañantes terapéuticos dentro de los cursos, pero hay veces en que los cursos son de cinco horas y el gobierno paga por cuatro, entonces queda el chico con discapacidad con una hora vacante. Faltan profesionales en discapacidad, como faltan profesionales en otras especialidades, por el gran crecimiento que tuvo nuestra provincia. Pero se está prestando una atención mayor a la que antes se prestaba”, opinó.

“Hay un problema permanente que es la baja de las pensiones de las personas con discapacidad, a través de una argucia, porque han modificado el baremo con el cual se computa la discapacidad. A una nena que tiene un 90% de discapacidad y no tiene tratamiento posible, con el nuevo cálculo le han dado un 12% de discapacidad, y no hay manera de justificarlo”, afirmó, sobre uno de los casos que está patrocinando.

Explicó que entre las variables del baremo “se incluyeron enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Yo pregunté si hay algún caso de un trabajador que, por una enfermedad profesional o un accidente de trabajo se transforme en autista, y no hay ninguno, pero dejan de usar el baremo internacional que se usó siempre, para usar un baremo de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, que no es aplicaba a la mayoría de los casos”.

Gorbacz y Colman

Consultado acerca de quién es responsable de lo que está ocurriendo con las pensiones, respondió que “la responsable siempre es la gobernadora”, pero apuntó en particular a los ministros Gorbacz y Colman. “Hay una dependencia donde participa el ministro jefe de gabinete, que es el jefe directo de la Secretaría de Coordinación de Derechos de las personas con discapacidad, y el Ministro de Salud es el encargado, a través de una resolución, de modificar el baremo con el que se mide la discapacidad. Esto se hace a través de procedimientos administrativos e hicimos los recursos administrativos, y del jefe de gabinete llegó a la gobernadora. Yo no tengo que ir a negociar el tema específico de un cliente, sino que se deben resolver todos los temas que corresponden a los chicos con discapacidad de la misma manera”, planteó.

En el caso que está interviniendo, explicó que “se trata de una chica que tuvo un problema por el cual tiene desconectado un hemisferio cerebral completo, entonces de un ojo no ve, de un oído no escucha, tiene problemas con la motricidad completa de un brazo, problemas con una pierna, tiene problemas de comprensión graves. Igual está estudiando, con adaptaciones curriculares, tiene una familia que la apoya pero, quitarle la pensión siendo de una familia monoparental, implica que no pueda seguir con todas las actividades que llevaba adelante para lograr este crecimiento, y tuvo la pensión durante doce años”, subrayó.

“Tenía un 90% de discapacidad y le correspondía la pensión, pero como ahora tiene un 12% de discapacidad, no le corresponde la pensión y se la sacaron. Hoy una pensión son 15.780 pesos, porque por ley es el equivalente a una categoría 16 de gobierno. La categoría 16 gana más pero yo particularmente no he hecho ningún planteo de reajuste. Al sacar las pensiones se interrumpen un montón de tratamientos y quedan afuera muchas posibilidades, y pierden la obra social. El tema es muy grave”, manifestó.

Aclaró que está de acuerdo con que “se analice la adjudicación de las pensiones y no nos negamos a algún tipo de control, pero hay 1.250 pensiones por discapacidad en la provincia y no es un número descabellado, porque la estadística es de un 8% de personas con discapacidad. Si hubiera cien mil personas en la provincia, tendría que haber ocho mil pensiones. Somos unos 240 mil, y esto quiere decir que hay un 0,05% de pensiones por discapacidad. Si uno mira el presupuesto, es un número insignificante. Si argumentan que no hay fondos para pensiones, podrían recortar presupuesto en agasajos, en viáticos, en viajes. Yo defiendo el sector del que participo, que es la discapacidad, y no hay que mirar a las personas con discapacidad como un gasto solamente”, pidió.
El abogado integra la asociación Desarrollo Pleno para Nuestros Hijos, pero son varias las que están reclamando lo mismo, como asociaciones de padres de autistas, de chicos con Asperger, y “cada uno busca lo mejor para la dolencia que su hijo tiene”, concluyó.

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