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Equipamiento antimotines y de espionaje en las compras secretas de Murray y Gorbacz

La semana pasada ingresó a la Legislatura provincial la respuesta oficial del Tribunal de Cuentas de la provincia al pedido de informes realizado por los legisladores del MPF Mónica Urquiza y Pablo Villegas, con detalle de los expedientes intervenidos y auditados de la Secretaría de Seguridad, en el marco de compras realizadas bajo la modalidad prevista en el artículo 18, inciso h, de la ley 1015, que prevé el carácter secreto de las contrataciones directas.

El pedido que habían realizado los legisladores, fue fundamentado en las manifestaciones de los funcionarios del área a cargo de Ezequiel Murray el pasado 25 de octubre, en la reunión de comisión 2, donde se habló de 17 millones destinados a este tipo de compras, pero apareció otro expediente con cinco millones más, y se suman a uno similar que se tramitó el año pasado.
El Tribunal explica que el alcance de la contratación directa, es la no obligación de publicar la convocatoria, pero cuestionó el carácter secreto que se le imprimió a las compras, y de esto dejó constancia en las observaciones.
En la primera parte del expediente aclara que la tarea de control concluye cuando el área, en este caso la Secretaría de Seguridad, cumple con el envío de las actuaciones para el control posterior, dado que hubo tres expedientes exceptuados del control preventivo, dos a pedido de Murray, y uno a pedido del jefe de gabinete Leonardo Gorbacz.
Salvo el expediente de compra secreta tramitado en 2016, no hay resolución ni aprobación de los dos restantes a los que se hizo referencia en la comisión de presupuesto y luego en conferencia de prensa, y todavía deberán levantar las observaciones.
Los expedientes que desataron la polémica y enojaron a Murray, a punto tal que en la última reunión de comisión se negó a dar explicaciones, llevan los números 2972-SS/17y 6960-SS/17, en este caso el solicitante es Gorbacz, a cargo de la Secretaría de Seguridad.
Pero hay un tercer expediente, que en realidad es el primero, porque se tramitó en 2016 y lleva el número15146-SS/16. Según consta en el informe, el secretario Murray solicitó la excepción de control preventivo para la compra de “equipamiento destinado a tareas de prevención e investigación del delito, control de delitos complejos y narcocriminalidad, todo ello en el marco de investigaciones judiciales”, por lo cual encuadra en el artículo que prevé la “contratación bajo secreto”, con el argumento de que “ventilar la tecnología referida desvirtuaría el objetivo tenido en miras”, debiendo rendir las erogaciones para el control posterior. El Tribunal le aclara por nota al secretario Murray que la compra se autoriza bajo su responsabilidad “ante la eventual generación de perjuicios fiscales, como también respecto de incumplimientos a la normativa en los que pudiera incurrir, dándole un plazo de 20 días después de efectuados los pagos para hacer la rendición”.
En marzo de este año el secretario pidió una prórroga de 11 días para la presentación de la documentación, que le fue concedida, y la ingresó el 6 de abril, tras pagar el equipamiento con fecha 20 de febrero. Al no haber observaciones, concluyó la intervención del Tribunal en este expediente. En ningún punto hay detalle de las compras realizadas y el Tribunal aclara que, si bien “a priori no pueden definir si corresponde la excepción”, le fue otorgada al secretario Murray, bajo su entera responsabilidad.

Equipamiento antimotines

El expediente 2972-SS/17, por más de 17 millones de pesos, fue el primero que se conoció en la reunión de comisión de presupuesto que terminó suspendida, y uno de los funcionarios del área de Seguridad había argumentado que se destinaron a obras en el destacamento policial de Puente Justicia. Pocos días después, en conferencia de prensa encabezada por el jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, se explicó que se trataba de equipamiento para la lucha contra el narcotráfico, del que no podían dar detalles para no anoticiar a los delincuentes.
Sin embargo lo que escribieron fue otra cosa, más allá de las palabras y las gacetillas de prensa. Lo cierto es que este expediente tramitó la compra de “equipamiento para el desenvolvimiento operativo de unidades especiales y la unidad científica de la policía provincial”, fue exceptuado el control preventivo a pedido del secretario Ezequiel Murray, quien recibió la misma advertencia del Tribunal respecto de su entera responsabilidad en esta compra por incumplimientos del procedimiento y ante cualquier perjuicio fiscal, debiendo hacer la rendición a los 20 días de efectuado el pago.
Un párrafo describe claramente el objeto de la compra: “Los elementos fueron presupuestados por la firma PUNTO DE IMPACTO y reúnen todas las características necesarias para las labores realizadas por nuestras unidades especiales en materia de control de disturbios y antimotines”, escribió Murray en la nota elevada al Tribunal de Cuentas, sin una letra donde se detalle la lucha contra el narcotráfico.
La lista de proveedores involucrados en esta compra de 17 millones es interesante: por decreto 812/17 del 29 de marzo de este año, se aprobó la adjudicación de la compra directa a las empresas GLOBALPLAT S.A., Metrología Davnar S.A., Vivas Julio Alejandro (de Río Grande, venta de equipos informáticos), Punto de Impacto S.A. y Emprendimientos Grupo Patagónico SRL.
El monto involucrado en esta compra es de $17.781.711,59 y, en el marco del control posterior, una vez remitido el expediente y con demoras -porque Murray solicitó prórroga por 20 días tras ser notificado del vencimiento de los plazos-, hubo una consulta del auditor fiscal Leonardo Barboza, respecto del alcance de la normativa que prevé la compra secreta de este equipamiento.
El abogado del Tribunal de Cuentas Christian Andersen, en su informe legal ante esta consulta interna, responde con la observación de que “el Poder Ejecutivo Nacional ha declarado secreta la operación contractual por razones de seguridad o defensa nacional, facultad esta excepcional e indelegable”, y agrega que “no encuentra vigente otra normativa para el caso de los procedimientos encuadrados en el inciso h del artículo 18 de la ley provincial 1015”, que fue el invocado por el Secretario de Seguridad para justificar la compra secreta.

Los pagos y los proveedores

En el detalle de los pagos realizados, se puede observar la lista de proveedores y qué tipo de equipamiento proveen.
El grueso del monto de este expediente de poco más de 17 millones fue destinado a la firma Emprendimientos Patagónicos SRL, que representa una de las compañías más importantes de la región que trabajan con tecnología aplicada a la seguridad, y consiste en “seguridad de las comunicaciones, contramedidas electrónicas, telefonía fija y móvil encriptada, videocámaras y equipos de audio, equipamiento especial para seguridad y fuerzas armadas, encriptación de documentos, telefonía móvil especial y software de reconocimiento de voz”. Esta empresa recibió $13.033.240 del total.
Le sigue la firma Punto de Impacto S.A., proveedor de “armas y accesorios tácticos, equipos antidisturbios y seguridad electrónica”, a quien realizaron compras por $3.448.200.
En tercer lugar, aparece Globalplat S.A., proveedor especializado en equipamiento forense, como luces especiales, reactivos físicos y químicos, elementos para recolección de evidencia y equipamiento de laboratorio, y la compra directa y secreta fue de $804.090.
En cuarto lugar se incorpora Metrología Davnar S.A., especializada en instrumentos de mediciones, como los utilizados en detección de fallas en cables subterráneos, generadores de corriente continua, geófonos para detectar movimiento de suelo por explosivos, entre otros. La compra fue por $467.157,59.
Finalmente surge un proveedor local, Vivas Julio Alejandro, vendedor minorista de Río Grande de equipamiento informático, a quien se le compró equipamiento por $29.024.

Las observaciones

En este expediente hay varias observaciones del organismo de control, plasmadas en el acta de constatación que realiza el auditor fiscal Leonardo Barboza: se observan plazos vencidos para la rendición -para la que se pidió prórroga- y además el incumplimiento de la nota del pedido del sistema SIGA. Tampoco consta el formulario de cotización del sistema SIGA. Al no publicarse la compulsa por ser secreta la contratación “debió solicitarse cotización a varios proveedores”, dice Barboza, a fin de buscar “el mejor precio en plaza”. Tampoco consta en la carga del sistema SIGA la recepción de ofertas.
No figura la constancia de inscripción en el registro de proveedores de Vivas Julio Alejandro ni el certificado de cumplimiento fiscal, requisitos ineludibles para contratar.
No obra fecha de mesa de entradas de las facturas y remitos, que tienen la firma del subjefe de policía sin el sello referente a la fecha en que se plasmó. El único remito que tiene fecha, a su dorso lleva el sticker del transporte Cruz del Sur, que es posterior a la orden de pago y los libramientos -que se hicieron entre el 3 y el 5 de abril de este año-, cuando el equipamiento se envió el 7 de abril, de acuerdo a la etiqueta del transporte.
Hay pagos realizados antes de la emisión del decreto que los autoriza. En el caso de Vivas, se adjudicó un presupuesto de 32 mil pesos cuando el proveedor presupuestó por 29 mil pesos; mientras que en el caso de Metrología Davnar S.A., se adjudica la compra por $473.146,80, pero se pagan $467.157,59.
Hay presupuestos que solicitan pago anticipado, que fueron realizados, pero no pueden superar el 70% de la obligación de acuerdo a la norma vigente, y además debe obedecer a un criterio de excepción justificada, que no consta tampoco en el expediente de la Secretaría.
También se incumple la resolución de contaduría que obliga a un control interno, dado que “todas las actuaciones deben ser sometidas a auditoría interna antes de remitirse al control externo del Tribunal”, recuerda el auditor, y agrega que tampoco se verificó la auditoría interna de las órdenes de pago.

No debía ser secreto

Quizás el aspecto más relevante del acta de constatación del Tribunal de Cuentas, que ataca la cuestión de fondo, es el requerimiento final de este documento donde cuestiona el carácter secreto de la compra. Barboza solicita a Murray “que justifique los motivos por los cuales se decidió tal circunstancia, siendo que los elementos adquiridos son de uso normal en las fuerzas de seguridad para el desenvolvimiento operativo en el control de la seguridad de la provincia”.
Concluidas las observaciones, se procede a la devolución del expediente.

Las camionetas secretas

Finalmente aparece en este informe el expediente 6960-SS/17, donde el responsable es Gorbacz, e involucra un monto de $5.266.400.
El jefe de gabinete plantea un objeto de la compra que no se encuadra en el carácter secreto, y así se lo hace saber el Tribunal, dado que indica que el dinero es para “la adquisición de unidades móviles adecuadas para llevar adelante un sistema de prevención, con improntas tácticas y estratégicas, y el equipamiento específico para los rodados”.
En realidad, son cuatro camionetas destinadas a la comisaría cuarta de la margen sur, con su respectivo equipamiento.
Precisamente el detalle habla de “cuatro unidades tipo pick up 4×4, cuatro barrales inteligentes y diez visores nocturnos”, pero nuevamente mirando los proveedores se desliza otro tipo de adquisición no explicitado.
La Secretaría de Seguridad, por este expediente, recibieron ofertas de la firma MaxxTechnology S.A. -que merece un párrafo aparte-, de las concesionarias TDF Motors SRL por $2.620.000 y de Bridge SRL, que cotiza $2.366.400.
Al igual que Murray, el ministro Gorbacz pide la excepción del control preventivo y obra nota de la gobernadora, que pide encuadrar la tramitación dentro de la compra directa. La excepción se aprueba y se autoriza la emisión de las órdenes de pago, de parte del organismo de control.
Para la adquisición de camionetas, se optó por la empresa Bridge SRL, que facturó $546.600 cada una, más gastos de patentamiento por $45.000, también por cada una, haciendo un total de $2.366.400. Los vehículos fueron adquiridos el 9 de mayo de este año.
Sin embargo más de la mitad del presupuesto se fue a la firma MaxxTechnology S.A., que facturó equipamiento por $2.900.000, y se trata de una empresa proveedora de equipos de inteligencia, chalecos antibala con GPS, cámaras térmicas y de visión nocturna. Ha lanzado recientemente al mercado argentino equipos y sistemas de medidas y contramedidas electrónicas, que pueden ser adquiridos por organismos de gobierno; y provee también de sistemas de ubicación y escucha de móviles de telefonía celular.
El total de compras de este expediente es por $5.266.400. Tampoco se cumplió con los plazos de presentación para el control posterior y se tramitó una prórroga de 20 días.
Y al igual que en el expediente anterior, sumó una larga lista de observaciones: incumplimiento de la nota de pedido y el comprobante de reserva de crédito; no hay orden de compra emitida por el sistema SIGA, las facturas están firmadas por el subjefe de policía, sin sello de fecha ni datos del lugar donde se efectuó. No hay intervención de la auditoría interna, y se cuestiona el carácter secreto de la contratación, porque “tratándose en este caso concreto de la adquisición de vehículos destinados al uso de la comisaría cuarta de Río Grande, no existen motivos para otorgar el carácter de secreto a la misma”, expone el Tribunal de Cuentas.
También hay un error en la partida, al ser imputada a “gastos reservados”.
Como requerimiento, se solicita certificado de inscripción en el registro de proveedores y certificado de cumplimiento fiscal de la firma MaxxTechnology -que no fueron presentados-, y se pide que a futuro tengan en cuenta que las empresas contratadas cuenten con esta documentación, por ser una falla reiterada.
También observan que se pide el pago por anticipado, pero no hay constancia a la fecha de estas actuaciones de la recepción de los bienes, y asimismo observan que se procedió a “ordenar el pago sin la firma de compromiso de los oferentes”.
Concluidas las observaciones, se devuelve el expediente.

Fuente: Provincia 23.-

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