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EL PLAN: LEY DE EMERGENCIA ECONÓMICA, FISCAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y SOCIAL

El proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial será abordado en sesión especial este jueves. También se dará tratamiento a la suspensión del consenso fiscal, la reforma al código penal propuesto por el MPF y la creación de la empresa provincial de petróleo y gas.

Para poder disponer de mayores recursos financieros para atender las consecuencias sociales y económicas generadas por la paralización de gran parte de la actividad productiva de la provincia en el marco de la cuarentena dispuesta por la pandemia COVID-19, el Poder Ejecutivo remitió ayer a la Legislatura un proyecto de ley para declarar a la provincia en estado de emergencia económica, fiscal, financiera, administrativa y social por el plazo de 12 meses, prorrogable por igual período.

La propuesta, que será abordada en sesión especial el jueves de esta semana, prevé que para que el Ejecutivo pueda implementar políticas de prevención, asistencia y promoción sanitaria, social y económica apuntadas a la recuperación de la actividad productiva y el sostenimiento del empleo en el sector privado, pueda disponer de hasta 2 mil millones de pesos provenientes de la emisión del título TFU27 más sus resultados financieros, más otros 3 mil millones de pesos de operaciones de crédito público, garantizadas con coparticipación federal de impuestos, con un plazo máximo de amortización de 12 meses.

Los 2 mil millones del título colocado durante la gestión Bertone se afectarán al Programa de Recuperación Económica y Social, para en ese marco destinar un parte a capitalizar al Banco Provincia de Tierra del Fuego para incrementar su capacidad prestable, otra a ampliar los fondos administrados por el Ministerio de Producción para créditos no bancarios y la parte restante ejecutar obras esenciales y trabajos públicos intensivos en mano de obra local, como la terminación de la obra de ampliación del hospital de Ushuaia y de la guardia del hospital de Río Grande; la vinculación del gasoducto Fueguino y el San Martín para garantizar el normal abastecimiento de gas a la provincia; la finalización de la planta depuradora de líquidos cloacales de la Margen Sur de Río Grande; las obra de ampliación del puerto de Ushuaia; la construcción del centro de rehabilitación de Ushuaia, y un paquete de obras de infraestructura edilicia,  de agua, cloacas, gas y energía eléctrica no detalladas. Esos recursos deberán ir reponiéndose progresivamente para los fines oportunamente determinados en las leyes dictadas oportunamente. En tanto que los 3 mil millones constituirán financiamiento para atender las consecuencias de la situación de emergencia declarada, pero por fuera de denominado programa PROG.R.E.SO.
Para poder disponer de mayor celeridad en la tramitación de todas herramientas de asistencia, se contempla el uso de los instrumentos digitales y electrónicos imperantes en la actualidad.

Medidas fiscales

En materia de política fiscal contempla la prórroga hasta el 30 de junio de 2020 del plazo para formalizar el acogimiento al Régimen Especial de Presentación Espontánea y Regularización de Deudas establecido por la Ley Provincial Nº 1310, y la autorización para que AREF suspenda durante el plazo de la emergencia el inicio de ejecuciones fiscales y la solicitud de nuevas medidas precautorias para garantizar el cobro de tributos, respecto de los contribuyentes cuya base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos del año 2019 no supere los 30 millones de pesos. También suspende el curso de la prescripción de la acción para determinar tributos, aplicar multas y exigir el pago de sumas cuya recaudación, aplicación, percepción y/o fiscalización esté a cargo de la Agencia de Recaudación Fueguina, como así también los plazos para la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de demandas o recursos judiciales en los que el mencionado organismo sea parte actora, por el plazo de 12) meses a contar desde la fecha de la entrada en vigencia de la presente Ley.
Exime por el término de 90 días el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los contribuyentes del régimen simplificado que no cuenten con una relación de empleo bajo dependencia. Exime del impuesto de Sellos a los créditos bancarios para el pago de salarios, y faculta al Ejecutivo a establecer beneficios especiales por actividad, en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, durante el plazo de la emergencia, que podrán consistir en reducción de alícuotas, exenciones o diferimientos de pago, para aquellas actividades económicas afectadas de manera sustancial como consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio.

Además, y por el plazo de 90 días, los contribuyentes que presten servicios de atención sanitaria de 3° nivel,  podrán descontar del monto total del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a pagar, las sumas destinadas mensualmente a combatir la pandemia COVID-19 mediante la adquisición de insumos y medicamentos vitales para la atención de personas, como así también, la inversión en infraestructura y tecnologías. Beneficio este que podrá prorrogarse por otros 90 días.

Comité Consultivo

Sin dejar muy en claro cuál será su función, el Ejecutivo propone conformar un comité asesor ad honorem del programa PROG.R.E.SO, que tendrá carácter consultivo y “que tendrá por objeto asesorar al Poder Ejecutivo Provincial sobre todos aquellos asuntos que le sean sometidos a su consideración”. Este comité estará integrado por 1 representante del Ministerio de Finanzas Públicas; 1 del Ministerio de la Producción y Ambiente; 1 de la Agencia de Recaudación Fueguina; 1 del BTF; 2 Legisladores Provinciales; 1 representante del sector privado y 1 representante gremial, y que será presidido por 1 representante del Poder Ejecutivo Provincial.

Desafectación de fondos específicos

La norma en cuestión contempla también la autorización para que el Ejecutivo pueda desafectar para disponer libremente de los diversos fondos específicos creados por leyes provinciales. Quedan exceptuados únicamente los Fondos de Financiamiento de Servicios Sociales; de Financiamiento del Sistema Previsional y el de Becas.
También se plantea obtener la autorización legislativa para readecuación o  renegociar los contratos de obra pública, prestación de servicios y provisión de bienes que se encuentren adjudicados o en curso de ejecución.
Además,  plantea que el Parlamento ratifique los decretos que dispusieron la emergencia sanitaria, la suspensión de clases, la cuarentena, la emergencia administrativa e informática, y los de adhesión a los decretos nacionales de aislamiento social, obligatorio y preventivo.

Los otros proyectos a tratar

La convocatoria a sesión especial estipula también que los Legisladores aborden la ratificación del decreto mediante el que el Ejecutivo adhirió a la suspensión de la rebaja de alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos prevista en el consenso fiscal, y el proyecto de reforma del código penal presentado por el bloque del MPF para disponer en la provincia de un “control restrictivo” en el otorgamiento del beneficio de  prisión domiciliaria.
El cuarto asunto incorporado al orden del día, y del que los legisladores no pueden apartarse, es el proyecto de ley de creación de la empresa provincial de petróleo y gas “Terra Ignis”. Según trascendió, el proyecto presentado a mediados de diciembre del año pasado por el Ejecutivo sufriría algunas modificaciones, por ejemplo en la conformación de Directorio y en el tipo de sociedad planteada, ya que de una sociedad anónima unipersonal pasaría a ser una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria.

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