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Confirmaron el procesamiento contra 11 gremialistas por el corte de la Ruta 3

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó parcialmente el procesamiento de 11 gremialistas estatales fueguinos acusados de protagonizar un corte total de la Ruta Nacional Nº3 que dejó aislada a la ciudad de Ushuaia en marzo de 2016, durante un conflicto con el gobierno de Tierra del Fuego por la reforma del sistema previsional, confirmaron a Télam fuentes judiciales.
La resolución consideró a los dirigentes sindicales como autores del delito de “interrupción del transporte y de servicios básicos”, mientras que revocó las acusaciones de “desobediencia” y “privación ilegítima de la libertad”, por las que también habían sido procesados por el juez Federico Calvete en mayo de 2017.
El procesamiento “sin prisión preventiva” de los integrantes del sindicato docente (Sutef), judicial (Sejup), empleados públicos (ATE), municipales (Soem), sanidad (Atsa) organismos de control (Apoc) y jubilados autoconvocados fue dictado en la causa número FCR1770/2016 que juzga el corte de 11 días consecutivos de la ruta en el ingreso a la capital fueguina.


La medida involucra al secretario general del Sutef Horacio Gustavo Catena y a la dirigente del mismo sector María Florencia Villarreal, al secretario general del ATE, Hipólito Carlos Córdoba, al secretario general de la Asociación Fueguina de Empleados Públicas (Afep) José Darío Gómez y a los miembros del Soem Sandra Cristina Esperón y Horacio Gallegos.
También incluye a la secretaria general de la Asociación del Personal de Organismos de Control (Apoc) Elisa Catalina Dietrich, al secretario adjunto del Sindicato de Empleados de la Justicia Provincial (Sejup) Roberto Marcelo Kuba, al secretario adjunto de Atsa, Jorge Daniel Saravia, a la representante de los jubilados autoconvocados Patricia Beatriz Blanco y al secretario gremial del sindicato de músicos, Juan Marcelo Levicoy Pérez.
El corte de ruta comenzó el 15 de marzo de 2016 con interrupciones parciales, y se mantuvo ya con bloqueos totales desde el 17 y hasta el 27 de marzo, en que finalmente los manifestantes decidieron abandonar el lugar y concentrar el conflicto en acampes frente a la casa de gobierno de la provincia.
La medida gremial realizada en el puesto policial de ingreso a Ushuaia dejó aislada a la ciudad por vía terrestre, y afectó servicios como el ingreso y egreso de camiones con mercaderías, la distribución de gas envasado, y el movimiento de micros y combis de turismo durante los feriados de Semana Santa, entre otras actividades.
Los camaristas establecieron en el fallo conocido hoy, que “la interrupción de la ruta fue total, salvo breves períodos de tiempo, obligando a los que circulaban a alternar el sentido del flujo vehicular, o en su caso a caminar por el costado del piquete para continuar su marcha de otros modos”.
“Se verificaron las tres modalidades de la conducta prevista en la figura penal: impedir, estorbar y entorpecer, toda vez que las medidas adoptadas por los manifestantes impidieron totalmente el desplazamiento; estorbaron generando molestias al normal funcionamiento del tránsito vehicular y lo entorpecieron”, señala el pronunciamiento judicial al que accedió Télam.
Sin embargo, los jueces consideraron que el delito de desobediencia no está demostrado porque se refiere a una “intimación general realizada por funcionarios de Gendarmería”.
Por su parte, en cuanto a la acusación de “privación ilegítima de la libertad”, la Cámara entendió que pese a “los trastornos acontecidos y manifestados por los denunciantes, producto del gigantesco entorpecimiento y obstrucción (del tránsito)”, la conducta de los manifestantes no llegó a vulnerar la “libertad corporal de movimiento” de las personas afectadas.
Los gremios estatales reclamaban en 2016 la derogación de un paquete de leyes sancionado en enero de ese año que, entre otros aspectos, modificó algunas condiciones de acceso a la jubilación, como la posibilidad de jubilarse a los 40 o 45 años de edad, pero que también declaró la emergencia del sistema jubilatorio y estableció aportes obligatorios a un fondo para la sustentabilidad del régimen.
Las protestas también derivaron en otros incidentes como el piquete realizado frente a la planta de combustibles Orión, que abastece de naftas a toda la provincia, y en un acampe frente a la casa de gobierno que impidió el normal funcionamiento de la administración pública.

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